Por María Juliana Lucero Martínez

Brenda Lis Austin es abogada y militante de la Unión Cívica Radical, con una trayectoria política marcada por el compromiso con la transparencia, la educación y la participación ciudadana. Fue diputada nacional por Córdoba entre 2016 y 2021, donde se destacó por su trabajo en proyectos vinculados a derechos humanos, acceso a la información y fortalecimiento institucional. Siempre activa y cercana a los temas que preocupan a la sociedad, en diciembre de 2023 volvió al ámbito legislativo al asumir como legisladora provincial en Córdoba. Desde allí, sigue apostando por una política más abierta, moderna y cercana a la gente.

–¿Cómo viviste el escándalo por los contratos en la Legislatura?

–Fue un bochorno. Me dio mucha impotencia, mucha bronca. Es un proceso que termina deslegitimando al Poder Legislativo. Mete a todo el mundo en la misma bolsa, en un clima complejo donde la gente está recontra harta de la política. Entonces, el peor escenario para que esto pase era este, un momento en el que (el presidente, Javier) Milei es emergente de ese fenómeno. Y la torpeza con la que se manejó la situación… Porque, primero, el hecho en sí fue una situación cuasi delictiva: esto explota por el escándalo de (Guillermo) Kraisman, a quien habían echado de la Muni por robarse una bondiola en un supermercado, y al parecer le dieron unos contratos acá para que no se quede sin sueldo. Y el tipo fue con un DNI trucho y con una persona que no era a cobrar. Entonces, partimos de una situación recontra delictiva. Pero todo lo que vino después, en vez de esclarecer, de decir “Che, esto no es así, esa no es la realidad, esa no es la regla, eso está mal”, en vez de hacer eso, lo que se terminó haciendo fue generar un manto de sospechas sobre todo. Y hay un montón de gente acá que labura, y mucho. Entonces, que se nieguen a difundir los contratos, que le obliguen a un medio periodístico a ir hasta la Justicia con un amparo, que se rían ante la Justicia, habla también de una sensación de impunidad gigantesca. Y eso no terminó bien. Me dio mucho enojo, mucho fastidio, y por eso también surgió un poco la idea de que tenemos que salir mejor de este conflicto, con un estándar de transparencia más alto. Y eso fue un poco la iniciativa que tuvimos con lo de acceso a la información.

–¿De qué trata ese proyecto?

–Lo veníamos trabajando hace tiempo. Arrancamos el año pasado y terminamos presentando una ley compleja y larga. Empezamos con un proyecto que tenía que ver con el Acuerdo de Escazú, centrado en la agenda ambiental, con acceso a la información, acceso a la Justicia y participación ciudadana. Lo teníamos listo, y el contexto nos dio la razón más obvia. Probablemente, si lo hubiéramos presentado antes, estos temas no habrían generado impacto. Pero ahora, cuando tenés una vicegobernadora que te oculta quiénes son los empleados, un presidente provisorio que dice que si muestra quiénes son, estigmatiza, resulta obvio que necesitamos una mejor ley.

–¿Por qué considerás que es necesario cambiar la ley?

–Miramos muchas cuestiones que estaban saliendo a la luz, como la necesidad de que las personas del Estado estén obligadas a subir la información a su página web. Algo que se le había negado a La Voz del Interior, como la nómina de los empleados, el tipo de contratación, la antigüedad, el uso de los viáticos, los gastos, las transferencias de recursos a ONG, las declaraciones juradas de bienes, la agenda de los funcionarios. Lo que laburamos mucho a nivel nacional tiene que ver con la falta de una regulación de la ley de lobbies en Argentina: con quién te juntás, por qué te juntás, que es información pública. Lo que hace nuestro proyecto es elevar el estándar, adecuar la norma de Córdoba, que tiene 26 años, a un montón de avances que ha habido en el mundo y en Argentina en materia de transparencia. Amplía sujetos pasivos y activos, es decir, quién puede interponer los reclamos y quién está obligado a darlos, refuerza el principio de transparencia activa y establece mecanismos de control para garantizar su cumplimiento.

–¿Cuáles son los tres desafíos más urgentes que enfrenta la provincia de Córdoba?

–Mirando lo que le preocupa a la gente, el tema más complejo, más candente, es la inseguridad. Es un tema en el que el Gobierno viene haciendo agua por todos lados. De hecho, probablemente soliciten la declaración de la emergencia en materia penitenciaria, porque, frente al aumento de los casos, aumentan las detenciones, pero el sistema judicial no está preparado, y tampoco las cárceles. Están sobrepobladas, con denuncias de tortura, amparos, y, a la vez, la gente sigue sintiendo en las calles mayores niveles de delitos violentos. Es un tema que está vinculado a un tejido social roto, con una desigualdad creciente, con el aumento de ciertos tipos de drogas que están generando deterioros cognitivos y actitudes violentas muy fuertes en los consumidores, sobre todo en los entornos más vulnerables. Es un tema muy complejo, no se resuelve con una sola medida, sino con un conjunto de acciones, y creo que la reacción del Gobierno hasta ahora ha sido mala. Lo primero que hicieron fue mandar un proyecto para crear unas guardias urbanas municipales, pero cuando el problema es el rol de la Policía, con una cúpula policial y una cúpula del sistema penitenciario que están presas por haber cometido delitos… Eso es un conflicto.

En segundo lugar, la educación. Hay que revertir un proceso de deterioro. Córdoba viene con varios años de desinversión; los docentes están muy precarizados en sus salarios y también hay crisis en materia de infraestructura. Córdoba tiene algunas cosas buenas, pero son piloto, como las PROA, sin capacidad de escalarlo al resto del sistema educativo. El 98% de los estudiantes se están formando en un sistema bastante perimido, con docentes que no están jerarquizados y con infraestructura en malas condiciones.

–Además, todos los años del COVID empeoraron las cosas, dejándonos en una peor posición de la que ya veníamos.

–Totalmente. Me toca dar clase en primer año de la facultad, y el impacto de esos años de pandemia se recontra sintió. Y el tercer problema tiene que ver con el acceso a la salud. Está colapsado el sistema público. Apross es la obra social provincial, y el Estado es incapaz de dar respuesta, llevando a todos los empleados estatales a un estado agónico cada vez que necesitan un turno. Con prestadores que no quieren tomarla porque les pagan un tercio de lo que paga otra obra social. Eso genera un sistema público bastante detonado. Además, la crisis económica ha hecho que mucha gente migre del sistema privado al público. Sumale a eso el cierre de clínicas privadas porque no hubo una estrategia en el interior de la provincia para acompañarlas. Otro combo perfecto. Son tres cosas gruesas, estructurales, y son responsabilidad principal de la provincia. Las decisiones necesarias son costosas, porque aumentar un punto a los docentes representa un impacto enorme en el presupuesto, lo mismo que construir un hospital o mejorar la renta del personal médico.

Pero bueno, si tuviera que definir tres grandes problemas serían esos, y metería uno más: la falta de perspectiva. ¿Hacia dónde quiere ir Córdoba? ¿Cuál es su horizonte de desarrollo? ¿Cuál es su potencialidad? ¿Cómo resuelve su inequidad territorial, con un norte y un oeste muy pobres, y un sur y un este muy ricos pero con un alto desgaste del suelo, la tierra y el ambiente, lo que hace que no sea sustentable? Todo esto juega con un eje transversal, que es cómo Córdoba se imagina el futuro.

–¿Cuáles serían tus prioridades para el próximo período de sesiones? ¿Hay algún tema al que planeás dedicar especial atención?

–En materia de seguridad, lo venimos siguiendo muy de cerca, pero desde aspectos que no están siendo mirados. En general, mis iniciativas no son las que toman el tema candente, sino temas que nadie está tocando. Eso es lo que busco. Por ejemplo, en seguridad, no son proyectos para dotar de más policías. Eso es una decisión del Ejecutivo, que creo que debe tomar, pero tienen ellos las herramientas para hacerlo. Pero sí trabajamos sobre cosas que hoy están pasando y se mencionaron recién: denuncias de tortura en contexto de encierro, incluso seguida de muerte. Córdoba ya ha tenido varios casos. Hace tiempo venimos trabajando en este tema, además de pedir informes sobre las condiciones de detención en Bouwer, en la UCA, en establecimientos de salud mental, que también presentan situaciones parecidas. Venimos proponiendo la creación de un mecanismo local contra la tortura, que es una obligación que tiene Córdoba respecto a un tratado que Argentina firmó: la eliminación de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hubo una ley nacional que obliga a las provincias a armar sus protocolos de prevención de la tortura, y Córdoba no lo hizo. Es una de las últimas provincias en hacerlo.

–¿Y respecto a la transparencia?

–Todos los temas vinculados a transparencia: el Acuerdo de Escazú, el proyecto complejo de acceso a la información, el de Declaración Jurada Patrimonial e Integral, para que se presenten anualmente y no solo al inicio y fin del período, la publicidad de las actas de votación, porque nadie sabe quién vota qué. Todo eso es un solo combo. Y después voy a seguir trabajando en temas educativos. Algunos ya los presentamos el año pasado, como el financiamiento de una política que la provincia vendió con bombos y platillos, pero que hasta ahora es una cáscara: la creación de las Coordinaciones Locales de Educación. Y obviamente, el seguimiento de lo que vienen haciendo: los gabinetes interdisciplinarios, la infraestructura, la discusión salarial docente. Por ahí va, más o menos. Pero también depende del contexto.